Apenas unos días después de que la empresa de telecomunicaciones brasileña Oi solicitara medidas cautelares urgentes al 7° Juzgado Corporativo del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, el regulador del país ha intervenido.

Oi
– Assessoria de imprensa

La solicitud de Oi llevó a la agencia nacional de telecomunicaciones Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicacoes) a establecer un grupo de trabajo para monitorear al operador.

Este grupo ha sido creado por Anatel para monitorear la situación operativa y financiera de la empresa.

El grupo de trabajo evaluará y propondrá medidas para enfrentar la posible interrupción de las operaciones de Oi.

Según Anatel, si hay un escenario de quiebra, está dispuesto a mantener la provisión de servicios de voz fijos, mediante la licencia del Servicio de Telefonía Fija Comutada (STFC) de la empresa de telecomunicaciones.

Además de esto, se espera que Oi notifique al grupo de trabajo si hay algún cambio en su participación accionaria en la empresa de fibra de red neutral V.tal, ya que ha habido especulaciones recientes de que Oi podría vender su participación en este activo para aliviar sus deudas.

La semana pasada, la empresa pidió a los tribunales que estudiaran una 'potencial renegociación de ciertas deudas', con el operador desesperado por evitar la quiebra.

El futuro de Oi sigue siendo incierto, solo unas semanas después de que la empresa saliera de la protección por bancarrota por primera vez en seis años, cerrando un período de reestructuración que comenzó en 2016.

Fundada en 1998 y antes conocida como Telemar, Oi se declaró en quiebra en 2016 y desde entonces busca vender sus mayores activos. La compañía fue puesta en lo que entonces era la protección por bancarrota más grande de Brasil.

En diciembre de 2022, se reveló que Oi había pagado una deuda de 871,43 millones de dólares con el banco estatal de desarrollo BNDES, además de algunos otros préstamos.

Su negocio móvil se vendió por 3.230 millones de dólares en 2020 y se dividió entre los tres grandes operadores móviles de Brasil, TIM, Telefónica y América Móvil, y TIM se quedó con la mayor parte de los activos. El acuerdo se cerró a principios del año pasado.